La desafectación del dominio público de una fracción de un terreno ubicado en la comuna de El Manantial (Lules), que catastralmente estaba destinada para la construcción de una calle y ahora está dentro de un country, generó polémica en la última sesión de la Legislatura. Ocurre que hay legisladores que alertaron que se estaba cerrando la única vía de escape a lo largo de casi 2,5 kilómetros de desarrollos inmobiliarios, entre las rutas provinciales 301 y 338.

El dictamen de la comisión de Legislación General se emitió en base al proyecto de ley presentado por el legislador justicialista Mario Leito. En los fundamentos de la iniciativa y también en el recinto, el parlamentario puso énfasis en que esos 650 metros de largo por 10 de ancho (unos 6.500 metros cuadrados en total) son calles que nunca cumplieron esa función. “Nunca fueron arterias para el tránsito de vehículos y/o similares, sino que simplemente se utilizaban esporádica y ocasionalmente como lugar o senda de paso”, planteó.

Familias beneficiadas

El también presidente de Atlético fundamentó que la posibilidad del desarrollo de un complejo de lotes permitirá el crecimiento sostenible y sustentable para el desarrollo urbano y estratégico de la localidad de San Pablo, permitiendo su expansión territorial para cubrir las necesidades habitacionales cada vez más crecientes. “El desarrollo inmobiliario responde a una planificación de uso de suelo, zonificación y de infraestructura por cuanto se encuentra en un polo de desarrollo inmobiliario, de mayor empuje y proyección de toda la provincia de Tucumán”, planteó.

CATASTRO. Se había proyectado una calle pública en la fracción desafectada.

Aunque en el proyecto no se lo menciona, Leito destacó en el recinto que con la desafectación hay un total de 80 familias (50 en Ohuanta y 30 de El Manantial) que podrán regularizar la situación dominial y obtener la propiedad de las tierras donde han residido durante décadas. Dijo el legislador que la semana próxima se firmaría un convenio con la empresa Citrusvil para ceder esos terrenos como contraprestación. Agregó que con la sanción de la propuesta se resolverían dos problemas: uno vinculado al desarrollo inmobiliario y otro, con mirada social, para gente humilde que no podría acceder a títulos de propiedad de otro modo.

“Estrangulada”

El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) expresó que, más allá de los beneficios sociales, era necesario estudiar la propuesta y pidió la vuelta a comisión del dictamen. “Va en contra de toda planificación urbana para el área metropolitana”, alertó. Remarcó que ese camino, perpendicular a la avenida Vicente Lucci (desarrollada por Citrusvil), sería la única vía perpendicular que cortaría 2,3 kilómetros de barrios privados: desde la ruta 301 a la 338. “Si es que hoy no existe como calle, estamos cerrando la posibilidad de que se abra una, de norte a sur, con el agravante de que hay una escuela (N° 12 “Provincia de Chaco”). Se cierra la posibilidad de una vez y para siempre”, mencionó, e insistió con que la zona quedaría “estrangulada” ya que es la única vía pública.

El yerbabuenense aseguró que entre San Pablo y El Manantial, en tierras que originalmente pertenecían al Ingenio San Pablo y luego hubo plantaciones de limón, hay 280 hectáreas de barrios cerrados. “Es el área de barrios cerrados más grande de Tucumán. Son barrios cerrados sin ningún tipo de planificación urbana”, reprochó, y apuntó principalmente contra las administraciones comunales. Además, criticó que la supuesta compensación no aparezca en el proyecto.

Poner un freno

El republicano Eduardo Verón Guerra apoyó la postura de Courel del retorno a comisión del proyecto para un análisis más profundo, pero no hubo respaldo suficiente. Pidió que el Estado agudice el ingenio para buscar soluciones para las familias y afirmó que no le convencía el argumento de que hace décadas que ese camino estaba sin uso. Sugirió ponerle un freno “a la ambición de los desarrolladores inmobiliarios”. “Si no se le hubiera puesto un freno, por ejemplo, hoy no tendríamos la Casa Sucar ni ese complejo histórico que está en la calle Salta”.

ESTRANGULAMIENTO. La oposición señaló que serán casi 2,5km de barrios privados sin una calle que los atraviese.

Aunque Alfredo Toscano (Compromiso Tucumán) finalmente votó a favor por el fin social, expresó su incomodidad porque un privado ya estuviera usufructuando tierras públicas antes de la ley (en el recinto se mencionó que el paso lleva tiempo cerrado). También planteó que debiera haber un estudio de validación que garantizara que la compensación de la empresa fuera equivalente al valor de la calle que se cedía, cuestionando si la compensación era justa.

La radical Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) afirmó tener el corazón partido en dos, entre la visión de largo plazo necesaria para el urbanismo y la desesperación social de las familias que podrían ser desalojadas. Debido a estas dudas y la falta de una mirada de futuro que evitara convertir la zona en un "laberinto", solicitó su abstención en la votación al igual que José Cano (Radicalismo Federal).

Walter Berarducci (Compromiso Tucumán), en tanto, hincapié en la necesidad de un tratamiento metropolitano del uso del suelo, y argumentó que el Estado suele ir detrás de los deseos de los desarrolladores inmobiliarios. Aunque reconoció la autonomía de las comunas, señaló que la falta de una figura jurídica metropolitana impide soluciones integrales a problemas que trascienden los límites políticos.

“Sigue siendo del Estado”

En el cierre del debate, Gerónimo Vargas Aignasse (bloque Justicialista) aclaró que la desafectación del dominio público no implica que el Estado deja de tener la propiedad sobre la tierra. “Lo que ocurre jurídicamente -y es lo que hacemos por ley- es desafectar de ese fin específico público que tenía; deja de ser una calle pública en este caso, pero sigue siendo propiedad del Estado. Al desafectarlo se habilita la posibilidad de que el Estado lo permute, lo negocie o lo concesiones, pero sigue siendo del Estado; no le estamos reconociendo ningún derecho”, aclaró el presidente de la comisión de Legislación General.

El parlamentario remarcó que la ley sancionada persigue claramente un fin social. “Para eso el Estado va a hacer una concesión y va a recibir a cambio de esa concesión un servicio; una suerte de activo por activo de manera bastante inusual, pero que en definitiva termina siendo eso”, cerró.